Con el Senado encaminado a rechazar el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, ya invalidado previamente por Diputados, el gobierno de Javier Milei ya define su próximo paso: judicializar la norma para frenar su aplicación. 

En un escenario legislativo adverso, y atravesado por el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la administración libertaria apuesta a trasladar la disputa al terreno judicial. Desde la Casa Rosada insisten en que no acompañarán ninguna iniciativa que, según sus cálculos, comprometa el equilibrio fiscal. "Supongamos que me rechazan el veto. Bueno, yo eso lo voy a judicializar. No va a tener efecto ni en el gasto público ni en la cantidad de dinero", anticipó el propio Javier Milei semanas atrás.

En ese marco, el equipo legal del Ejecutivo ya trabaja en una estrategia basada en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige que toda ley que implique gastos no presupuestados identifique expresamente las fuentes de financiamiento, consignó el diario "Ámbito". 

La Casa Rosada sostiene que el Congreso avanzó con la ley a pesar de haber sido advertido sobre la falta de fondos, lo que podría derivar en una presentación judicial contra el accionar parlamentario.

Otra vía contempla impugnar la sesión legislativa, bajo el argumento de que fue convocada sin atribuciones legales. Aunque esto sería menos probable. Sin embargo, esa línea presenta debilidades jurídicas frente al respaldo legislativo ya alcanzado.

Mientras tanto, el Gobierno nacional intenta contener el impacto del caso Andis, que involucra al ex director Diego Spagnuolo y salpica a Karina Milei por presuntas coimas vinculadas a contratos con el Estado. El escándalo sumó presión sobre la gestión, obligando a recalibrar la estrategia política en medio de tensiones internas y un clima electoral marcado.

En paralelo, en Balcarce 50 reconocen que algunas medidas recientes, como el anuncio del aumento de pensiones por discapacidad antes del rechazo en Diputados, funcionaron como un intento de último momento para frenar la derrota. Sin éxito legislativo, ahora el foco está puesto en limitar por vía judicial los efectos de la ley, incluso mientras se evalúan recortes y reasignaciones de fondos en el sector.

La sesión en el Senado será un nuevo capítulo en la pulseada entre el Ejecutivo y el Congreso, y podría representar una derrota política significativa para el oficialismo. Aun así, en la administración Milei ya trabajan para que esa derrota no tenga impacto presupuestario real.